Maribel Vázquez, socia directora de Mercantil y Civil de Selier Abogados, reflexiona en un artículo publicado en El Confidencial sobre por qué en Cataluña hay el doble de procedimientos concursales que en Madrid.
El fin de la moratoria concursal del pasado 30 de junio provocó un efecto inmediato sobre el panorama empresarial: cientos de compañías presentaron solicitudes de concurso de acreedores. Sin ir más lejos, en el mes de julio, Cataluña destacó como la Comunidad Autónoma con más concursos, aglutinando el 26,3% del total. No es la primera vez. Desde hace años, esta región encabeza de forma indiscutible el ‘ranking’ de concursos, superando con holgura a Madrid.
Aunque ambas regiones cuentan con un número similar de empresas, los procedimientos de concurso son el doble en la ciudad condal que en la capital…
¿A qué se debe esto?
Aunque las razones son numerosas, hay dos que destacan especialmente. En primer lugar, los tribunales de una y otra comunidad. «Los juzgados catalanes y, en especial, los de Barcelona, son mucho más innovadores y ágiles que los de Madrid«, indica Unai Olabarrieta, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC).
Muy ligado a este motivo, nuestra compañera y socia directora de Mercantil y Civil Maribel Vázquez, agrega otro factor: la cultura empresarial catalana, más propensa a acudir a esta vía cuando tiene problemas de insolvencia. «En Cataluña los empresarios son más cautos y no tienen tantas reticencias a la hora de iniciar este proceso», explica. La explicación es clara: al funcionar con agilidad los juzgados, el concurso de acreedores cumple con el objetivo para el que fue diseñado: sanear las cuentas de una compañía con problemas financieros y evitar su quiebra.
Los empresarios madrileños no ven esta opción como una solución, por lo que evitan acudir a ella hasta que no les queda más remedio. Tanto es así que, a pesar de que Cataluña encabece el ‘ranking’ de concursos de acreedores, Madrid es, de lejos, la Comunidad con más disoluciones de sociedades. En la primera mitad de 2022, la capital registró un total de 6.090 disoluciones (casi el 30% del total), muy por encima de las 1.613 catalanas.
Artículo publicado en El Confidencial con la participación de Maribel Vázquez, socia directora de Mercantil y Civil de Selier Abogados.
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