Maribel Vázquez, Socia Directora de Mercantil y Civil en Selier Abogados, analiza en ‘El Economista’ la relevancia de los acreedores en las microempresas tras la aprobación del nuevo procedimiento concursal especial. «El fin primordial que se ha buscado en este nuevo procedimiento especial de microempresas es que el mismo sea ágil y se consiga un ahorro de tiempos y de costes».
Actualmente, en España la mayoría de las empresas que llegan a concurso lo hacen demasiado tarde, cuando ya están en una situación tan crítica que la única posibilidad es la liquidación de la empresa, por lo que las liquidaciones concursales suponen al menos el 90% de los concursos en España; por ello, la reforma de la Ley Concursal ha dado especial relevancia a las medidas preventivas y a los planes de reestructuración.
Con la venta de la unidad productiva podemos salvar parte de la compañía, aquella que tiene una identidad económica propia, que es rentable. Se consigue liberarla de las obligaciones que arrastran a la empresa y, con ello, conseguir, además, que los trabajadores adscritos a esa unidad empresarial continúen con su trabajo. De todo ello, se deriva que en los últimos meses esta medida esté al alza y se haya convertido en la estrella de esta Reforma Concursal.
El pasado 25 de agosto, el Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la Reforma de la Ley Concursal. Esto se produce como consecuencia de la obligación por parte del Estado español de trasponer al derecho nacional la Directiva europea 2019/1023, cuyo objetivo prioritario es “asegurar la continuidad de empresas y negocios que son viables, pero que por diversos motivos se encuentran en dificultades financieras que pueden amenazar la solvencia y acarrear el consiguiente concurso”.
La reforma de la Ley Concursal potencia la fase preconcursal mediante los denominados planes de reestructuración, suprimiendo los acuerdos extrajudiciales de pago y los acuerdos de refinanciación que existían hasta la reforma. Así, además de los conceptos de insolvencia actual e inminente ya existentes, la reforma añade el concepto de “probabilidad de insolvencia” y crea la figura del experto en reestructuraciones empresariales. Os lo explicamos todo en este nuevo post.
Con la aprobación de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, debemos distinguir entre distintos efectos de la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores. Jorge Méndez, Abogado Senior del Área Civil y Mercantil, nos lo explica en este nuevo post.
El pasado 6 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. En este nuevo post elaborado por nuestra compañera Verónica Ávila, Asociada Senior del Área Civil y Mercantil, repasamos las principales novedades que se introducen en la legislación concursal con esta reforma.
Maribel Vázquez, socia directora de Mercantil y Civil, reflexiona para El Confidencial sobre por qué en Cataluña hay más concursos que en Madrid. «En Cataluña los empresarios son más cautos y no tienen tantas reticencias a la hora de iniciar este proceso», es decir, la cultura empresarial catalana es más propensa a acudir a esta vía cuando tiene problemas de insolvencia.
Con la apuesta por los denominados procedimientos de reestructuración preventiva se pretende asegurar la continuidad de las empresas y negocios que sean viables, pero que por diversos motivos se encuentren en dificultades financieras que amenazan su solvencia y puede llevarles al consiguiente concurso.
Finalizado el plazo de la exención, las empresas que se encuentren en situación de insolvencia o de insolvencia inminente, deben presentar su solicitud de concurso voluntario en el plazo de 2 meses a contar desde el pasado 30 de junio de 2022, siendo que, de forma contraria, sus administradores incurrirían en responsabilidad.
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