Mañana, 1 de septiembre, entra en vigor un nuevo marco de incentivos a la contratación con el que se pretende estimular la entrada en el mercado laboral «de personas consideradas de “baja empleabilidad” o en situaciones de vulnerabilidad, como parados de larga duración, discapacitados, víctimas de violencia de género o personas en riesgo de exclusión».
Como señala Cinco Días, todas estas bonificaciones se encuentran contempladas en el Real Decreto-ley 1/2023, que introduce nuevos colectivos a proteger, la actualización de las cuantías de las ayudas o la obligación para el empresario de contar con un plan de igualdad.
Entre los requisitos para que las empresas puedan beneficiarse de estos incentivos, figura la necesidad de mantener a la persona trabajadora en plantilla durante, al menos, tres años.
Así, si el empresario incumple la promesa de mantener al trabajador en plantilla, éste pierde el derecho a la bonificación, quedando además obligado a devolver el dinero recibido, más «un recargo y de los intereses de demora correspondientes», como asegura Silvia Palacios, Socia directora del Área laboral de Selier Abogados, en declaraciones al citado medio.
Cuestionada por las ayudas concedidas previamente a la nueva normativa, nuestra compañera asegura que «las contrataciones bajo el paraguas del marco de ayudas anterior mantendrán su vigencia a 1 de septiembre hasta su finalización».
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