Un PPA (Power Purchase Agreement) es un contrato de compraventa de energía limpia de origen renovable entre un productor (vendedor) y un consumidor o comercializador (comprador).
Estos últimos son compañías energéticas que, a su vez, revenderán la energía comprada mediante el PPA a sus clientes finales.
Como compradores también pueden incluirse empresas con grandes consumos eléctricos o enfocadas en reducir su huella de carbono buscando un retorno financiero a estas iniciativas verdes. Este tipo de empresas adquieren electricidad directamente de proyectos de generación renovable, optimizando costes energéticos a largo plazo y alcanzando sus metas de sostenibilidad medioambiental.
Contratos de PPA
Los contratos de PPA se caracterizan por ser contratos de larga duración donde se incluyen todos los términos relativos a la venta de la electricidad generada. El contrato fijará cuándo empezará la operación, los plazos de entrega de la electricidad, términos de pago y un punto fundamental: el precio de compraventa de la energía generada.
Los PPA pueden ser clasificados en dos grandes grupos: físicos y virtuales.
Los primeros son proyectos donde el generador realiza la instalación con la finalidad de vender la producción al consumidor en sus instalaciones que, a la finalización del contrato, tiene la posibilidad de hacerse con la instalación fotovoltaica.
Los PPA virtuales se caracterizan porque no hay un intercambio físico de la energía, ya que la planta de generación puede estar alejada del punto de consumo y son instalaciones que están conectadas a la red eléctrica nacional.
El Real Decreto-ley 17/2021, con objeto de mitigar el impacto en la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas, acordó medidas de carácter temporal (aplicación hasta 31 de marzo de 2022) para rebajar la retribución por la venta de energía (toda la energía generada), si bien, posteriormente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclaró que la aplicación de dichas medidas no eran de aplicación a los PPAs físicos y virtuales, con el consiguiente beneficio para las partes contractuales que no han visto modificados las condiciones contractuales pactadas inicialmente, evitándose con ello posibles resoluciones contractuales.
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