Con fecha de 20 de diciembre de 2022, se ha aprobado por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores.
Mediante esta nueva norma se traspone la Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores; pretende reforzar los derechos de los consumidores en acciones colectivas.
Según ha indicado el propio Gobierno, el principal objetivo de esta norma es “solventar la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado ante una posible práctica ilícita por parte de un empresario, ya que, si acude a la vía judicial, en la mayor parte de los casos hay una desproporción entre los gastos que esto conlleva respecto de las cantidades que el consumidor recupera, por lo que la nueva norma reforzará los derechos de los consumidores en acciones colectivas”.
Este Anteproyecto de Ley incorpora un título nuevo en que se definen las acciones de representación, resarcitorias y de cesación, y la posibilidad de alcanzar acuerdos dentro del proceso judicial, estableciéndose un procedimiento al efecto.
Por acción de representación se refiere a toda acción para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, ejercitada por una entidad legitimada como parte demandante que actúa en nombre de los consumidores y por la que se solicita una medida de cesación o resarcitoria, o ambas.
Una medida de cesación es, por ejemplo, una orden de cesar o dejar de realizar una práctica o, incluso prohibir la misma.
Las medidas resarcitorias pueden suponer una indemnización, reparación, sustitución, reducción del precio, resolución del contrato o reembolso del precio pagado.
Para el caso de acciones de carácter transfronterizo, las entidades habilitadas deberán ser listadas por los Estados miembros y comunicadas a la Comisión Europea.
Mediante esta norma se modifican y reforman tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Respecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil se pretende crear un sistema unitario y coherente de tutela colectiva que ponga fin a la dispersión normativa en la materia. Por otro lado, la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios se verá modificada para identificar y regular las entidades que se consideran legitimadas para ejercer estas acciones de representación.
Finalmente, destacar que el Ministerio de Justicia gestionará un Registro Público de Acciones de Representación, que fomentará la transparencia y el conocimiento de las acciones de representación en marcha.
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