De la mano de Anna Abad, abogada sénior del Área Laboral de Selier Abogados, analizamos el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.
Este Real Decreto aborda la obligación que tienen las entidades de más de 50 personas trabajadoras de contar con un conjunto de medidas y recursos para alcanzar la igualdad de las personas LGTBI, estableciendo desde el procedimiento de negociación, hasta una batería de medidas a implementar que deberán respetarse en todo caso.
El Real Decreto está estructurado en varios apartados: desde el proceso de negociación y los plazos de esa negociación, pasando por el contenido de las medidas planificadas o la obligación de disponer de un protocolo de actuación frente al acoso y la violencia de este colectivo.
Como apunta nuestra compañera, son siete las medidas planificadas que recoge el anexo 1 de este Real Decreto y que deberán desarrollar y asumir, al menos, los siguientes contenidos:
- Cláusulas de igualdad de trato y no discriminación
- Acceso al empleo de las personas LGTBI
- Clasificación y promoción profesional sin discriminación directa o indirecta
- Formación, sensibilización y lenguaje
- Entornos laborales diversos, seguros e inclusivos
- Garantía de permisos y beneficios sociales
- Régimen disciplinario ante comportamientos que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual y la expresión de género de las personas trabajadoras
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