Héctor Pérez, Socio Director del Área Fiscal de Selier Abogados, publica una tribuna en El Confidencial donde analiza los riesgos de introducir un techo de gasto en la Constitución, especialmente en un contexto de presión financiera creciente. La propuesta, lejos de ser solo técnica, abre un debate profundo sobre la capacidad real del Estado para sostener el Estado del Bienestar en futuras crisis económicas.
La tensión entre equilibrio presupuestario y servicios públicos
En su artículo, Héctor Pérez expone cómo el creciente peso de los intereses de la deuda —previstos en torno al 2,7 % del PIB en 2025— limita los recursos disponibles para políticas clave como la sanidad o la educación. A ello se suma la posible rigidez que implicaría constitucionalizar un límite de gasto, comprometiendo la acción pública incluso en escenarios de emergencia o necesidad social.
Una advertencia con base jurídica y económica
La tribuna plantea una cuestión de fondo: ¿puede un país con altos niveles de deuda estructural permitirse blindar el techo de gasto sin poner en riesgo derechos esenciales? La experiencia europea demuestra que los recortes forzados pueden tener un alto coste social si no se acompañan de reformas fiscales, estructurales o una mejora en la eficiencia del gasto.
Llamado a un debate con visión de futuro
Desde Selier Abogados, compartimos esta reflexión y abogamos por un enfoque que combine sostenibilidad financiera y capacidad de respuesta ante los retos sociales. Como concluye Héctor Pérez, introducir este límite en la Constitución exige máxima prudencia técnica y consenso político, para no hipotecar el margen de maniobra del Estado en las próximas décadas.
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