Tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre el sistema de cálculo de la indemnización por despido en la legislación española se abre un escenario incierto en el que primarán los intereses políticos sobre los pronunciamientos que vienen de Europa.
Ricardo Fortún, Socio del área Laboral, reflexiona en El Confidencial sobre la oportunidad del Ejecutivo de modificar el sistema de cálculo de la indemnización por despido tras la resolución emitida por el CEDS en respuesta a la denuncia presentada por el sindicato UGT.
Según la resolución del CEDS, «los límites máximos fijados por la legislación española no son lo suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima», explica Fortún.
El socio de Laboral recuerda que «el CEDS no concreta si el límite al que hace mención es el de los 33 días de salario por año trabajado, el tope de 24 mensualidades o ambos. Tampoco señala cómo debe medirse «el daño sufrido» por la persona despedida. Ante tanta vaguedad, ahora el Ministerio de Trabajo tiene una patata caliente encima de la mesa. Fórmulas para cambiar el sistema indemnizatorio se pueden contar por docenas, pero el problema estriba en conseguir ya no sólo el consenso en la mesa de diálogo social —con patronales y sindicatos—, sino en encontrar un punto de encuentro en el propio Gobierno».
Aunque tal y como explica Ricardo Fortún «el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar incluye el compromiso de establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea, previendo lo que estaba por venir». Sin embargo, la modificación del sistema de cálculo de la indemnización por despido no es una tarea fácil porque «pese a que de cara a la galería se suscribía este genérico compromiso, tras el telón y entre bambalinas el Gobierno defendía ante el CEDS justamente la postura contraria afirmando que no se estaba incumpliendo la Carta Social Europea«.
«Más allá del juego de decir al público una cosa y defender ante las instituciones europeas la contraria, lo cierto es que utilizar la resolución del CEDS como excusa para modificar la norma obedece más a una estrategia política que a una exigencia legal, pues las conclusiones alcanzadas por el CEDS no son vinculantes», aclara Fortún.
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