La nueva Ley de Protección al Informante obliga a las empresas de más de 50 personas trabajadoras a implantar un correcto Canal de Denuncias Interno. Sin embargo, la aplicación de este cauce de comunicación preferente supone un trabajo extra para las organizaciones, ya que tiene que contar con ciertas garantías. Entre ellas y no menos importantes, la confidencialidad y el anonimato del informante.
Además, en caso de incumplimiento, las sanciones pueden llegar hasta el millón de euros y, adicionalmente, incluir prohibiciones de obtención de subvenciones u otros beneficios fiscales y prohibición de contratación con el sector público.
Con el objetivo de ofrecer asesoramiento legal sobre las claves del proceso y beneficios que puede suponer para la empresa, Selier Abogados, apoyado por Atisa, ha organizado dos sesiones de apoyo a sus clientes y otros interesados.
Socia directora del área Mercantil de Selier Abogados
Abogada senior del área Mercantil de Selier Abogados
