En una nueva colaboración con El Confidencial, Silvia Palacios, Socia Directora del Área Laboral de Selier Abogados, reflexiona sobre los retos legales y organizativos que plantea la futura Directiva europea de transparencia salarial, que entrará en vigor en junio de 2026. Esta normativa obligará a todas las empresas de la Unión Europea a aplicar medidas que garanticen la igualdad retributiva y la transparencia de los criterios salariales.
Silvia Palacios destaca que, con la nueva directiva, los empleados/as tendrán derecho a conocer los criterios que determinan su salario, los niveles retributivos y la evolución económica dentro de la empresa. Además, podrán solicitar información individual y comparativa por sexos para puestos de igual valor, lo que refuerza el derecho individual a la información salarial. Las compañías deberán realizar ajustes cuando se detecten diferencias no justificadas, corregirlas en un plazo máximo de seis meses y, si superan el 5%, llevar a cabo una evaluación conjunta con los representantes legales.
En el artículo también se pone de relieve el escaso grado de preparación de las empresas españolas: solo dos de cada diez son transparentes con sus bandas salariales, y cerca del 70 % desconoce los detalles de la nueva regulación. La falta de estructura interna, el temor a comparaciones internas y la ausencia de políticas retributivas claras son los principales frenos.
La directiva incluye, además, medidas reparadoras para quienes hayan sufrido discriminación salarial, así como la obligación de evaluar los puestos de trabajo para detectar posibles brechas retributivas. Palacios subraya que estas obligaciones tendrán un impacto directo en la gestión del talento, la cultura empresarial y la reputación de las organizaciones, convirtiéndose en un verdadero desafío para el tejido empresarial europeo.
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