Una reciente resolución del TEAR de Madrid, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo, refuerza el principio de culpabilidad en las derivaciones de responsabilidad tributaria. El caso, defendido por Selier Abogados, marca un precedente relevante para administradores de empresas frente a actuaciones automáticas por parte de la Agencia Tributaria.
La responsabilidad exige prueba, no solo el cargo
El Tribunal Económico – Administrativo Regional (TAER) de Madrid ha anulado una derivación de responsabilidad contra un exadministrador de una empresa del sector de la construcción, al considerar que la Agencia Tributaria no acreditó de forma concreta su conducta negligente. En su resolución, el tribunal señala que no basta con ostentar el cargo de administrador para justificar este tipo de sanciones, siendo necesario detallar acciones u omisiones específicas que demuestren una falta de diligencia.
Esta decisión representa una limitación clara a las derivaciones automáticas de responsabilidad subsidiaria amparadas en el artículo 43.1.a) de la Ley General Tributaria.
El Supremo refuerza la exigencia de motivación
La doctrina del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia 594/2025 de 20 de mayo, refuerza esta línea interpretativa. El Alto Tribunal recuerda que la responsabilidad del administrador no puede basarse únicamente en su cargo, ya que eso supondría aceptar una responsabilidad objetiva, proscrita en el ámbito sancionador y administrativo. En consecuencia, exige que la Administración demuestre la existencia de una conducta culpable específica e individualizada.
Un éxito con implicaciones para el tejido empresarial
Desde Selier Abogados, despacho que ha representado al cliente en este procedimiento, subrayan la importancia de esta resolución como un mensaje claro para la defensa de los derechos de los administradores. Tal y como señalan:
“Este tipo de resoluciones son vitales. Demuestran que los administradores no están indefensos. Si la Administración no puede probar una conducta culpable concreta, más allá de generalidades, la derivación de responsabilidad debe ser anulada. Es una cuestión de garantías y de justicia tributaria”.
El pronunciamiento del TEAR y la consolidación de esta doctrina jurisprudencial suponen un avance importante en la protección del principio de presunción de inocencia, en un contexto donde se prevé un aumento de procedimientos de derivación en el corto y medio plazo.
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