Respuesta rápida: ¿Cuándo procede el recargo de prestaciones por accidente de trabajo?
El recargo de prestaciones por accidente de trabajo exige analizar si las deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales tuvieron incidencia directa en la producción del daño. Conforme al artículo 164 de la LGSS, el incremento puede situarse entre el
30 % y el 50 % de las prestaciones económicas. No basta con demostrar que hubo un accidente y deficiencias preventivas: debe existir una relación de causalidad entre ambos.
La existencia de un accidente de trabajo y la constatación de incumplimientos empresariales en materia de prevención de riesgos laborales no determinan necesariamente la imposición de un recargo de prestaciones.
Para exigir una responsabilidad que tenga tal resultado, es necesario acreditar una relación de causalidad entre el incumplimiento preventivo y el daño sufrido por el trabajador.
En este sentido se han pronunciado recientemente nuestros tribunales, dictando diversas resoluciones, las cuales ponen de manifiesto la importancia de analizar las circunstancias concretas del accidente antes de atribuir responsabilidad a la empresa.
¿Cuándo procede imponer un recargo de prestaciones?
El artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece que las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional se incrementarán entre un 30 % y un 50 % cuando la lesión se produzca por falta de las medidas de seguridad y salud exigibles.
Este incremento recae directamente sobre el empresario infractor, sin que pueda ser objeto de aseguramiento. Sin embargo, para su imposición, deben concurrir tres requisitos: un incumplimiento empresarial en materia preventiva, un daño derivado del accidente de trabajo y una relación de causalidad entre ambos.
No basta con acreditar que se ha producido un accidente laboral y que la empresa ha incumplido determinadas obligaciones preventivas: es necesario que dicho incumplimiento haya contribuido a la producción del accidente, existiendo un nexo causal.
Esta cuestión ha sido analizada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su Sentencia de 4 de junio de 2025 (rec. 5640/2024).
En el supuesto enjuiciado, un trabajador sufrió un accidente laboral que le ocasionó lesiones en una rodilla. La Inspección de Trabajo tuvo conocimiento de la existencia de distintos incumplimientos relacionados con la formación preventiva, la entrega de equipos de protección individual y la vigilancia de la salud.
Sin embargo, no pudo determinarse cómo se produjo exactamente el accidente: el trabajador sostenía haber caído desde una estantería al intentar coger un neumático, mientras que la documentación médica solo mencionaba un resbalón.
Ante esta circunstancia, el Tribunal confirmó la denegación del recargo al no haberse acreditado que los incumplimientos constatados hubieran tenido incidencia en la producción del accidente.
En esta misma línea se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 13 de noviembre de 2025 (rec. 2516/2025), relativa a una camarera que se lesionó un dedo al romperse una botella de cristal que intentaba cerrar.
Aunque se apreciaron deficiencias en la planificación preventiva y en la evaluación de riesgos, el Tribunal descartó su relación causal con la lesión.
El referido Tribunal basó su fundamentación jurídica en una resolución anterior que había anulado la sanción administrativa por los mismos hechos, al no haberse acreditado dicha relación causal.
Ambas resoluciones coinciden en que la existencia de incumplimientos preventivos no determina automáticamente la imposición del recargo, siendo necesario acreditar su vinculación con el accidente.
¿Qué ocurre cuando el incumplimiento preventivo sí está relacionado con el accidente?
Cuando se acredita que la falta de medidas de seguridad ha contribuido a la producción del daño, nuestra jurisprudencia se pronuncia en sentido contrario.
Así lo refleja la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de septiembre de 2025 (rec. 929/2025), relativa a un trabajador que cayó desde unos cuatro metros de altura mientras desmantelaba unas instalaciones industriales.
En este supuesto, se comprobó que la empresa no había evaluado específicamente los riesgos de la actividad y que el trabajador no disponía de medios adecuados de protección frente a las caídas en altura.
Pese a que la empresa atribuía el accidente a la actuación del trabajador, el Tribunal confirmó el recargo del 30 %, al considerar acreditada la relación entre las deficiencias preventivas y el accidente sufrido.
La referida sentencia pone de manifiesto que la conducta del trabajador no excluye necesariamente la responsabilidad empresarial cuando el riesgo debía haber sido previsto y controlado por la empresa.
En este sentido, el artículo 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) establece que corresponde a los deudores de seguridad acreditar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, y señala expresamente que la imprudencia no temeraria del trabajador no puede apreciarse como causa de exoneración.
Por ello, la falta de acreditación de la dinámica exacta del accidente no excluye por sí sola el recargo: lo determinante es la valoración conjunta de las circunstancias acreditadas, las medidas exigibles y su relación con el resultado lesivo.
La importancia de investigar y documentar las circunstancias del accidente
En definitiva, las resoluciones analizadas evidencian la importancia de determinar las causas de cada accidente y valorar si las medidas incumplidas guardaban relación con el riesgo que finalmente se materializó.
Para las empresas, resulta fundamental disponer de una evaluación de riesgos adecuada a las tareas desarrolladas, acreditar la formación e información facilitada y garantizar la aplicación de las medidas de protección necesarias.
Asimismo, cuando se produce un accidente, su investigación resulta esencial para identificar sus causas y acreditar las medidas de seguridad adoptadas.
El recargo de prestaciones no constituye, por tanto, una consecuencia automática de cualquier accidente de trabajo en el que se detecten incumplimientos preventivos. Su imposición exige una relación causal entre el incumplimiento empresarial y el daño sufrido.
La correcta gestión de la prevención y una investigación rigurosa de los accidentes resultan fundamentales para proteger a los trabajadores y para delimitar las posibles responsabilidades empresariales.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es el recargo de prestaciones por accidente de trabajo?
Es un incremento de entre el 30 % y el 50 % de las prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando la lesión se produce por falta de medidas de seguridad y salud exigibles. Su responsabilidad recae directamente sobre el empresario infractor.
¿Qué requisitos deben cumplirse para imponer un recargo de prestaciones?
Deben concurrir tres requisitos: la existencia de un incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, un daño derivado de un accidente de trabajo y una relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño sufrido.
¿Puede imponerse un recargo de prestaciones si la empresa ha incumplido las medidas de prevención?
No necesariamente. Es preciso acreditar que el incumplimiento de las obligaciones preventivas ha contribuido a la producción del accidente. La mera existencia de deficiencias preventivas no determina automáticamente la imposición del recargo.
¿Qué porcentaje puede alcanzar el recargo de prestaciones?
El artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social establece un incremento de entre el 30 % y el 50 % de las prestaciones económicas, dependiendo de la gravedad de la falta.
¿La imprudencia del trabajador elimina la responsabilidad de la empresa?
No necesariamente. El artículo 96.2 de la LRJS establece que la imprudencia no temeraria del trabajador no puede apreciarse como causa de exoneración de la responsabilidad empresarial.
¿Quién debe acreditar que se han adoptado las medidas de seguridad necesarias?
Corresponde a los deudores de seguridad acreditar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, conforme al artículo 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
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