La Agencia Tributaria ha dado un salto cualitativo en 2025 con la incorporación de inteligencia artificial (IA) y big data en sus procesos de control y gestión tributaria. Este avance tecnológico representa una transformación profunda en la forma en que se detectan irregularidades fiscales, se optimiza la selección de contribuyentes y se agiliza la tramitación de expedientes. Sin embargo, esta revolución digital también plantea importantes desafíos en materia de privacidad, garantías jurídicas y seguridad de los datos, lo que exige una respuesta estratégica tanto por parte de la Administración como de las empresas y sus asesores fiscales.
La inteligencia artificial (IA): cómo mejora la detección y prevención del fraude
La IA ha permitido a la Agencia Tributaria analizar grandes volúmenes de información fiscal, identificar patrones de comportamiento y predecir riesgos de fraude con una precisión sin precedentes. Los algoritmos avanzados procesan datos de facturación, movimientos bancarios, declaraciones tributarias y otras fuentes, permitiendo:
- Seleccionar casos para inspección de forma más eficiente, priorizando aquellos con mayor probabilidad de irregularidad.
- Reducir los plazos de tramitación y mejorar la eficacia de la actuación administrativa.
- Utilizar análisis predictivo para detectar contingencias fiscales antes de que se materialicen, permitiendo a la Administración actuar de manera preventiva y no solo reactiva.
- El uso de big data, además, facilita el cruce de información entre distintas bases de datos públicas y privadas, incrementando la capacidad de la Administración para identificar inconsistencias, operaciones sospechosas o estructuras fiscales agresivas.
El uso de big data, además, facilita el cruce de información entre distintas bases de datos públicas y privadas, incrementando la capacidad de la Administración para identificar inconsistencias, operaciones sospechosas o estructuras fiscales agresivas.
Automatización y ventajas de la IA tributaria en la gestión administrativa
La automatización de procedimientos administrativos gracias a la IA ha supuesto una mejora significativa en la gestión de requerimientos y la resolución de expedientes. La tramitación electrónica y la utilización de sistemas inteligentes permiten:
- Mejorar la atención al contribuyente, ofreciendo respuestas más rápidas y personalizadas.
- Liberar recursos humanos para tareas de mayor valor añadido, como la interpretación jurídica o la resolución de casos complejos.
- Incrementar la transparencia en la actuación administrativa, gracias a la trazabilidad de los procesos y la posibilidad de auditar los algoritmos utilizados.
Retos legales y garantías en la aplicación
No obstante, el uso masivo de datos personales y fiscales exige un estricto respeto a la normativa de protección de datos (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) y a los derechos fundamentales de los contribuyentes. Es imprescindible que los algoritmos sean auditables y transparentes, permitiendo la revisión y defensa de los afectados en caso de decisiones automatizadas que puedan tener impacto relevante en su situación tributaria.
La utilización de IA tributaria plantea retos jurídicos de primer orden:
- Derecho a la defensa y contradicción: El contribuyente debe poder conocer los criterios y reglas aplicados por los algoritmos que motivan una inspección o regularización, así como impugnar decisiones automatizadas que le afecten.
- Transparencia algorítmica: La Agencia Tributaria debe garantizar que los sistemas utilizados son auditables, documentados y sometidos a controles de calidad y ética, evitando sesgos o errores sistemáticos.
- Seguridad y confidencialidad: La protección de los datos personales y fiscales es prioritaria, exigiendo medidas técnicas y organizativas que eviten accesos no autorizados, fugas de información o ciberataques.
Marco jurídico y jurisprudencia aplicable
La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, han subrayado la necesidad de que la Administración motive adecuadamente sus actuaciones y respete los derechos fundamentales, incluso en entornos altamente automatizados. Asimismo, la doctrina administrativa y las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos han empezado a delimitar los límites y requisitos para el uso de herramientas tecnológicas en la inspección y control tributario.
El papel del asesor fiscal en el entorno de la IA tributaria
En este nuevo contexto, la función del asesor fiscal adquiere una importancia estratégica. El profesional debe:
- Anticipar y prevenir los riesgos derivados de la automatización, identificando posibles incidencias en los sistemas de IA y proponiendo soluciones preventivas.
- Garantizar la defensa de los derechos del contribuyente, asegurando que cualquier actuación administrativa basada en algoritmos respete las garantías jurídicas y permita la revisión efectiva de las decisiones.
- Mantenerse en continua formación sobre las novedades tecnológicas, la normativa aplicable y la jurisprudencia relevante en materia de fiscalidad digital.
- Asesorar en la implantación de sistemas internos de compliance y protección de datos, adaptados a los nuevos requisitos de la Administración y a las mejores prácticas internacionales.
Selier Abogados: expertos en fiscalidad digital
La inteligencia artificial y el big data están transformando el control fiscal en España, ofreciendo oportunidades para mejorar la eficiencia, la transparencia y la prevención del fraude. Sin embargo, este avance debe ir acompañado de un compromiso firme con las garantías y derechos de los contribuyentes, así como de una adaptación constante a la evolución normativa y tecnológica.
En Selier Abogados, somos expertos en fiscalidad tecnológica y estamos preparados para acompañar a su empresa en la adaptación a este nuevo entorno, aportando seguridad, confianza y excelencia en cada etapa del proceso. Podemos ayudarle a identificar riesgos, implementar sistemas de compliance robustos y garantizar que la tecnología se utilice, siempre con pleno respeto a las garantías jurídicas y a la seguridad de la información.
