Las pequeñas y medianas empresas pueden ser sancionadas con hasta 1 millón de euros en caso de incumplimiento de la obligación de implantar el canal de denuncias en sus organizaciones. Maribel Vázquez, Socia Directora del área Mercantil, aborda esta nueva Ley en Expansión.
Desde el pasado 1 de diciembre, todas las empresas con más de 50 personas trabajadoras en plantilla están obligadas a contar con un canal de denuncias anónimo.
Como apunta Expansión, «se cierra así el último plazo de adaptación a la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, publicada el pasado 20 de febrero de 2023, cuyo fin es proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma».
En declaraciones al citado medio, Maribel Vázquez, Socia Directora del área Mercantil de Selier Abogados, añade que esta Ley «ampara tanto a los empleados de la compañía como a terceros (proveedores, por ejemplo), protegiéndoles frente a aquellas comunicaciones que estos realicen sobre infracciones del derecho de la UE, infracciones administrativas o penales graves o muy graves, infracciones de derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre otras».
Las empresas, Pymes en su mayoría, obligadas a la implantación de este Sistema Interno de Información, tal y como se denomina en la mencionada Ley, se enfrentan a multas de hasta un millón de euros -en aquellas situaciones calificadas como muy graves- en caso de incumplimiento.
¿A qué otras sanciones se exponen estas Pymes? ¿Cuáles son los requisitos para una correcta implantación del canal de denuncias? ¿Cómo se verifica un uso responsable del mismo?
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