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Pilar Presa

El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 53.1 apartado b), junto a reiterada jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, delimita el único supuesto en el que la empresa queda exenta de esta puesta a disposición de la indemnización legal, donde el despido deberá cumplir tres requisitos necesarios.

El precontrato es algo más que una simple oferta y si se incumple no celebrando el correspondiente contrato posterior, puede dar derecho a recibir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

En el ámbito laboral es habitual que las empresas contraten los servicios de investigadores privados con el objetivo de recabar pruebas suficientes de los incumplimientos cometidos por sus trabajadores y poder justificar con ellas la decisión de despido. ¿Quién debe hacer frente a los costes derivados de dicha investigación: la empresa que contrata el servicio o el trabajador responsable de los incumplimientos?

El incremento del uso del contrato fijo-discontinuo ha supuesto el surgimiento de ciertas dudas prácticas no previstas en la normativa y a las que, de manera paulatina, van dando respuesta nuestros Tribunales. ¿Tienen los trabajadores fijos-discontinuos que se encuentran en periodo de inactividad derecho al preaviso de 15 días en caso de ser despedidos por las causas objetivas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores? Lo analizamos.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso al empleo a las personas con discapacidad, el artículo 42 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece la obligación para todas las empresas que empleen a más de 50 personas trabajadoras a que de entre ellas, al menos, el 2% sean personas con discapacidad.