Diseñamos e implantamos modelos de Compliance Penal adaptados a tu organización para anticipar riesgos, reforzar la cultura de cumplimiento y proteger la actividad, la reputación y la continuidad de tu negocio mediante sistemas eficaces de prevención, supervisión y control.
A veces, la falta de controles adecuados en los procesos internos puede exponer a tu empresa a responsabilidades penales graves, ya sea por acciones de directivos, empleados o colaboradores externos.
Situaciones vinculadas a la corrupción, la estafa, el blanqueo o los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social son más comunes de lo que parece. Por eso, contar con un sistema sólido de compliance penal no es solo un trámite legal: es la mejor garantía para proteger el trabajo de años con mecanismos reales de prevención y control.
La responsabilidad penal de la empresa puede tener importantes consecuencias legales, económicas y reputacionales, entre ellas:
Análisis orientado a la determinación de los riegos penales concretos de cada actividad empresarial, lo que nos permite implementar un Sistema de Compliance global y sectorial.
Diseñamos un modelo de vigilancia y control adaptado a la estructura, actividad y riesgos de la empresa.
Implantación de:
Conforme al artículo 31 bis del Código Penal la empresa quedará exenta de responsabilidad si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia modelos de vigilancia y control idóneos para prevenir delitos.
Implantamos canales internos de información que garantizan la confidencialidad y protección de las comunicaciones, integrándolos en el modelo de cumplimiento de la organización.
Además de contribuir a la detección temprana de posibles incumplimientos, este sistema resulta obligatorio para empresas de 50 o más empleados en virtud de la normativa vigente.
Diseñamos y apoyamos la implantación del órgano encargado de supervisar el funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención. Dotado de facultades de control y seguimiento, este órgano vela por la eficacia del sistema y promueve su correcta aplicación en toda la organización. En el caso de las PYMES, estas funciones pueden ser asumidas por el propio órgano de administración.
Análisis exhaustivo de la estructura operativa para detectar áreas de riesgo penal (corrupción, estafa, blanqueo, delitos contra la Hacienda Pública, etc.)
Determinación de medidas preventivas y controles de actuación para neutralizar los riesgos detectados.
Redacción de procedimientos, políticas, protocolos y sistemas disciplinarios teniendo en cuenta cada riesgo identificado.
Despliegue del Canal de Denuncias y herramientas de gestión de evidencias.
Capacitación de la plantilla y establecimiento de un sistema de revisión periódica del modelo para asegurar su eficacia ante cambios organizativos.
Un conjunto de herramientas de carácter preventivo cuyo objeto es evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa y, en caso de producirse, permitir a la empresa acreditar ante los Tribunales que actuó con diligencia debida, obteniendo así la exención de la pena.
No es obligatorio, pero sí necesario para que las personas jurídicas puedan ser exoneradas de la responsabilidad penal prevista por el artículo 31 bis, apartado 2 del Código Penal.
Sí, para todas las empresas con 50 o más trabajadores, así como para aquellas sujetas a normativas de prevención de blanqueo de capitales o seguridad de la información, independientemente de su número de empleados. El plazo máximo finalizó el 1 de diciembre de 2023.
Los Tribunales de lo Penal. El Juez valorará si el delito fue posible por un “defecto estructural” en los mecanismos de prevención. Un plan “de papel” no evitaría la condena.
Mejora la reputación corporativa, es un requisito creciente para licitaciones públicas y contratos internacionales, y protege el patrimonio de los administradores al demostrar que cumplieron con su deber de vigilancia.
Contacta con nosotros y nuestros especialistas valorarán tu caso para ofrecerte la mejor solución.
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