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Luis Campos

Una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto fin a la inseguridad jurídica que había generado la redacción del artículo 2 del ya derogado Real Decreto-ley 9/2020 que, como medida extraordinaria para la protección del empleo ante la delicada situación generada por la pandemia, establecía que las causas de fuerza mayor y las causas ETOP que podían alegarse para tramitar un ERTE no podían utilizarse para justificar un despido y forzaba a las empresas a que, en lugar de despedir, recurriesen temporalmente a la suspensión o reducción de jornada de los contratos de trabajo suscritos.