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Las medidas y procedimientos de vigilancia y control identifican, previenen y reducen el riesgo de la comisión del delito. Este modelo de gestión empresarial permite la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Tras la Directiva Whistleblowing (Directiva Europea 2019/1937 de 23 de Octubre), es obligatorio para empresas que cuentan con más de 50* trabajadores en plantilla o aquellas que sean requeridas debido a su actividad y correspondiente nivel de riesgo a partir del 17 de diciembre de 2021.
Este órgano será el encargado de supervisar el funcionamiento y el cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos. En el caso de las PYMES, será el propio órgano de administración.
*Los Estados Miembros, a su juicio, pueden dar de plazo hasta el 17 de Diciembre de 2023 a las empresas que tengan entre 50 y 249 trabajadores.
El artículo 31 bis del Código Penal hace responsable de la comisión de ciertos delitos a empresas y organizaciones -de cualquier tamaño y actividad-, cuando estos se han cometido por sus trabajadores o representantes, con una excepción: aquellas compañías que cuenten con un Modelo de Prevención de Delitos.
Se realiza un análisis de la empresa e identificación de los riesgos penales mediante procesos sensibles.
Estudio de mecanismos de control y defensa existentes y determinación de medidas preventivas, correctoras, de supervisión y de vigilancia.
Creación de procedimientos, códigos, políticas y protocolos de prevención, así como medidas específicas respecto a cada delito identificado.
Establecimientos de sistemas disciplinarios frente a los incumplimientos, canales de comunicación y de denuncia.
Seguimiento de la implementación de dichas medidas y formación de los directivos y la plantilla.
Tener un sistema de Compliance Penal no es obligatorio para las empresas, pero sí necesario para que las personas jurídicas puedan ser exoneradas de la responsabilidad penal prevista por el art. 31 bis, apartado 2 del Código Penal.
El Canal de Denuncias sí es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores* a partir del 17 de diciembre de 2021, tras la aprobación de la Directiva Whistleblowing**.
* Los Estados Miembros, a su juicio, pueden dar de plazo hasta el 17 de Diciembre de 2023 a las empresas que tengan entre 50 y 249 trabajadores
** DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
En la mayoría de los casos, las empresas prefieren que exista un comité encargado de revisar la investigación realizada tanto por un responsable interno o externo, con el fin de asegurar una mayor independencia de criterio.
Y, en cuanto a los criterios para valorar si ha habido una actividad ilícita, se deberá atender a la regulación que nos brinda el ordenamiento jurídico, que nos indica las conductas o tipo que debe entenderse para cometer un ilícito de cualquier tipo.
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